Venezuela incumple su compromiso ante la CEDAW
Más de 30 días continuos y 20 días hábiles han transcurrido desde el compromiso público de representantes del Estado de publicar el plan nacional contra la trata.
Venezuela participó en el 85° periodo de sesiones del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que se llevó a cabo del 8 al 26 de mayo de este año. Durante este proceso el Estado venezolano presentó un informe detallando el estatus de cumplimiento de la Convención, y las expertas del Comité publicaron una lista de cuestiones y preguntas para recabar más información sobre la situación de país.
A pesar de que el Estado venezolano no hizo mención alguna al plan nacional contra la trata en su informe para este examen de la CEDAW, en la respuesta a la lista de cuestiones sí lo refirió afirmando lo siguiente: “En 2021 se aprobó el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2021–2025, formulado por el MPPRIJP, por medio de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), órgano rector en esta materia. Su propósito es desarrollar una política integral que articule acciones entre las instituciones del Estado, empresas privadas, las organizaciones sin fines de lucro, el poder popular y los organismos de cooperación nacional e internacional, a los fines de prevenir, atender, reprimir, sancionar y mitigar el delito de trata de personas” (párrafo 61).
El Estado venezolano sostiene que el plan está publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.173 de 21 de julio de 2021. No obstante, en este diario oficial lo que está publicado es un decreto presidencial que establece, además de la creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, la obligación de divulgar “el texto íntegro” del plan en las páginas web de los órganos del Ejecutivo nacional, el Poder Ciudadano y el Poder Judicial (artículo 5)2. Como organización de la sociedad civil señalamos en nuestro informe sombra ante la CEDAW que resultaba inaceptable que el Estado se refiriera al decreto publicado en la citada Gaceta Oficial como el cuerpo del plan y un avance en la lucha contra la trata, existiendo además reseñas noticiosas oficiales de 2022 en las que se habla de la reactivación de “la discusión sobre el Plan Nacional contra la Trata de Personas.”
El 18 de mayo durante el diálogo con el Estado, que permite a las expertas del Comité hacer preguntas específicas a partir de la información presentada por el Estado, la sociedad civil y demás actores interesados en el proceso, la experta Dafna Hacker Dror manifestó: “En 2021 el Estado elaboró un plan nacional contra la trata de personas para 2021–2025, [pero] por lo que tengo entendido, por favor corríjanme si me equivoco, ese plan no se ha publicado… Me gustaría saber por qué ese plan no se ha hecho público.”
La jefa de la delegación y ministra del poder popular para la mujer y la igualdad de género, Diva Guzmán, encargó a Alana Zuloaga, viceministra de política interior y seguridad jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para dar respuesta a esta interrogante, señalando que: “Tenemos la conciencia plena y el desafío gigantesco de seguir abordando y trabajando un tema que hoy nos reta. Hemos creado el Comité Nacional de Trata presidido por las altas autoridades del Estado venezolano, pero también tenemos el Plan Nacional de Trata que si bien no es público se viene trabajando de manera sistemática ante un delito que hoy nos sorprende como patria.”
Ante esta respuesta la experta Hacker Dror advirtió que el Estado seguía sin responder su pregunta, y ante esta insistencia la viceministra Alana Zuloaga respondió que “queremos comprometernos públicamente en un plazo máximo de 15 días a hacer público el plan de trata de nuestra patria”.
Más de 30 días continuos y 20 días hábiles han transcurrido desde ese compromiso público de la representación del Estado y todavía no se ha publicado el Plan Nacional contra la Trata, documento necesario y urgente para la articulación de políticas públicas e instituciones estatales para la lucha contra este delito.
El 30 de mayo la CEDAW publicó sus recomendaciones al Estado venezolano destacando las que ameritan especial atención y seguimiento en un lapso de dos años, como la 28(c) referida a la atención integral de mujeres y niñas víctimas de trata.
1.390 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata en el año 2022, un número que ha ido en aumento en los últimos años, afectando de forma diferenciada a niñas y adolescentes. Por ello exhortamos al Estado venezolano a cumplir con la debida diligencia los compromisos adquiridos en materia de prevención, atención y persecución penal del delito de trata de personas como parte de sus obligaciones de garantizar a las venezolanas una vida libre de violencia y con garantía plena de sus derechos humanos.